Pasaron más de 37 años del famoso Rodrigazo, pero se lo sigue evocando como si fuese sido ayer cada vez que la economía amenaza a convertirse en un volcán a punto de entrar en erupción.
Celestino Rodrigo, el padre de la criatura, ni soñaba con pasar a la historia, mucho menos de ese modo. Lo cierto es que el destino, la azarosa política de aquella Argentina o lo que fuere, lo puso en el peor lugar en el peor momento y lo eyectó apenas 49 días después, tras haber consumado el descalabro por el que se lo recuerda hasta hoy.
En 1973, José Ber Gelbard, el titular de la Confederación General Económica devenido en ministro de Economía del gobierno peronista de entonces, había implementado el llamado Pacto Social, un estado de gracia entre la CGT y las entidades empresarias que no hubiera sido posible sin el apoyo explícito de Juan Domingo Perón. El plan se basaba en la reactivación del mercado interno vía aumentos del salario real, control de precios, congelamiento de tarifas de los servicios públicos y tipo de cambio relativamente bajo. Incluía, además, la apertura comercial hacia los países socialistas y el levantamiento del bloqueo a Cuba.
El modelo arrojó resultados desparejos: si bien aumentó la participación de los asalariados en el PBI aproximándola al 50 por ciento y se sostuvo el nivel de actividad económica con un nivel de desempleo que apenas superaba el 3 por ciento, produjo otros efectos no deseados tales como un alto déficit fiscal ocasionado en buena medida por el rojo de las empresas públicas, emisión monetaria sin respaldo, pérdida de reservas internacionales y atraso de tarifas y tipo de cambio, un cóctel que a la larga resultaría explosivo.
La muerte de Perón, acaecida el 1º de julio de 1974, debilitó políticamente a Gelbard, quien al cabo de unos pocos meses fue reemplazado por un economista “histórico” del Justicialismo: Alfredo Gómez Morales, puesto allí para desactivar la bomba heredada.
En efecto, la presión acumulada en el último año y medio era lo más parecido a una olla a presión a punto de volar por los aires. El nuevo ministro ensayó algunas medidas –devaluación incluida- para descomprimir la situación y reactivar una economía que presentaba signos de agotamiento, que no dieron los resultados esperados, hasta que, sin sustento político, la presidenta María Estela Martínez, lo reemplazó por Celestino Rodrigo, un oscuro funcionario apadrinado por José López Rega, el poderoso ministro de Bienestar Social.
El ajustador
Rodrigo, un ingeniero de 60 años de edad, llegó al sillón mayor del palacio de Hacienda con un claro mandato: sincerar la economía tras un período de dos años de fuertes regulaciones, congelamientos y distorsiones acumuladas en mercados y precios relativos y establecer un nuevo piso macroeconómico. Y sobre todo frenar la inflación: pese a la represión ejercida desde la Secretaría de Comercio, los precios venían aumentando sostenidamente, tanto que a mayo de ese año, la variación interanual había sido del 80 por ciento, con tendencia a la suba.
Apenas a dos días de asumir, el 4 de junio de 1975, Rodrigo pulsó el botón rojo. “Mañana me matan o mañana empezamos a hacer las cosas bien", dijo horas antes de anunciar por cadena nacional el mega ajuste que levantó la mayor polvareda de la que se tenga memoria.
El plato fuerte del menú de medidas correctivas era la devaluación del peso del 160 por ciento, llevando el dólar comercial a 26 pesos, en tanto que el dólar financiero pasó de 15 a 30 pesos, inventándose un “dólar turista” que se fijó en 45 pesos. El menú se completaba con otros ajustes como el incremento del 100 por ciento de las tarifas de los servicios públicos y del transporte, del 180 por ciento del precio de los combustibles y de apenas el 80 por ciento de los salarios con el fin de compensar todo lo demás.
Los anuncios no conformaron a nadie. Especialmente a los gremios que pusieron el grito en el cielo y rompieron la pax romana de los dos últimos años, saliendo a las calles a reclamar airadamente contra el ajuste, reclamando aumentos del 180 por ciento. Pese a que el almanaque indicaba otra cosa, aquel fue un julio bien caliente. La tensión social fue en aumento hasta que una huelga general de 48 horas decretada por la CGT capitaneada por Casildo Herrera y Lorenzo Miguel se llevó puesto a López Rega, quien renunció y se marchó del país disfrazado de embajador itinerante.
Las consecuencias económicas no se hicieron esperar y fueron las que indican los manuales de Economía: la inflación se disparó a tres dígitos, el salario real cayó a pique y el dólar se fue a las nubes. Paralelamente, se produjo el desabastecimiento de muchos productos y el surgimiento del mercado negro de otros.
Tampoco Rodrigo pudo sobrevivir al embate de la realidad y él también renunció. Su último intento fue una dramática apelación por cadena nacional para salvar lo insalvable: su plan estaba irremisiblemente sepultado, pero sus efectos persistirían durante bastante tiempo en una Argentina cuya economía ya no recuperaría la lozanía de décadas pasadas.
Lo que vino después Lo reemplazó Pedro Bonanni, quien pasó por el cargo sin pena ni gloria. Rodrigo permaneció cuatro años en la cárcel, entre 1976 y 1980, acusado por la dictadura de malversación de fondos públicos. Murió en 1987, defendiendo lo suyo. Lo cierto es que el Rodrigazo, a su hora, cumplió el objetivo de sincerar la economía y establecer un nuevo esquema de precios relativos, donde el salario real perdió posiciones frente a los demás precios de la economía que nunca volvió a recuperar. El Rodrigazo dejó a la Argentina a punto caramelo para que, meses después, tras el golpe de Estado, pudiera implementarse el plan de Martínez de Hoz, basado en la liberación de los mercados, la apertura comercial y el ingreso de capitales extranjeros en sectores claves. Cuánto riesgo hay de que este país, con una economía inestable y compleja, repita experiencias pasadas como el Rodrigazo, es algo difícil de responder sin caer en subjetividades. Lo primero, es recordar que la historia nunca se repite igual: aquella Argentina de 1975 era muy distinta a la actual. Y lo segundo, lo cierto es que, después de aquello, cada tanto se produjeron estallidos –el último en diciembre de 2001- con consecuencias negativas para la sociedad, especialmente para los trabajadores, por lo que estaría bueno que no vuelva a ocurrir. Claro que para eso debiéramos ser capaces de aprender las lecciones de la historia, algo que, según parece, los argentinos no terminamos de entender.