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El Navarrazo, cuarenta años después

“Córdoba es el rostro anticipado del país” es la consabida frase que sale a relucir cada vez que algo pasa antes en esta provincia que en el resto de la Argentina. Hay sobrados fundamentos históricos que respaldan su veracidad; sin embargo, hubo ocasiones en que el aserto resultó más profético que otras, y una de esas veces ocurrió hace 40 años.

El miércoles 27 de febrero de 1974 por la noche, en medio de un vasto operativo policial en la Casa de las Tejas, la sede del gobierno provincial, fueron detenidos el gobernador Ricardo Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López. El episodio pasó a la historia como “Navarrazo”, un ominoso tributo a Antonio Domingo Navarro, autor de un hecho sin precedentes en los anales de la República, varias veces golpeadas por las Fuerzas Armadas pero nunca por la Policía.

El “Navarrazo” marca un antes y un después en la historia reciente de Córdoba y del país. Tan importante es saber cómo se llegó a semejante locura, como evocar lo que sobrevino, todo malo, para comprender el valor de las instituciones democráticas y el precio que pagan las sociedades cada vez que aquellas son vulneradas.

En esa línea, no es un exceso considerar al Navarrazo cordobés como la antesala del terrorismo de Estado que asoló al país entero dos años más tarde.

Primavera setentista El 11 de marzo de 1973 los argentinos volvieron a las urnas tras siete años de dictadura. El peronismo, revitalizado por la energía de los sectores juveniles que le pusieron su impronta a la campaña electoral, se impuso sin necesidad de recurrir al balotaje, una novedad electoral introducida por los militares como último recurso para trabar el triunfo peronista. A nivel nacional, quedó consagrada entonces la fórmula del FREJULI (Frente Justicialista de Liberación Nacional) integrada por Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima.

En Córdoba, en la primera vuelta, Ricardo Obregón Cano y Atilio López, candidatos del FREJULI, superaron a la fórmula radical de Víctor Hipólito Martínez y Felipe Celli por escaso margen, sin alcanzar el cincuenta por ciento requerido por la regla del balotaje. La segunda vuelta para proclamar al ganador se realizó el 15 de abril, y esta vez la diferencia fue de 86 mil sufragios a favor del peronismo, en buena medida debido a la ventaja obtenida por Obregón Cano en un debate televisado una semana antes de los comicios.

Los candidatos peronistas surgieron de los comicios internos realizados en junio de 1972, que dejaron en el camino a la ortodoxia representada por Julio Antún, líder de la Mesa Redonda Peronista Permanente, y Alejo Simó, secretario general de la UOM filial Córdoba.

El antunismo no aceptó el resultado y denunció fraude ante la Justicia Electoral, que convalidó los resultados. A partir de ese momento, la derecha peronista tomó distancia de la lista vencedora, que contaba a su vez con el apoyo de la llamada Tendencia Revolucionaria, de la corriente denominada “legalista” del gremialismo y de referentes y agrupaciones provenientes de los sectores más radicalizados del movimiento. 

Quedó plasmada entonces una fractura interna irreconciliable que a la postre selló la suerte del gobierno obregonista.

Obregón y Atilio Ricardo Armando Obregón Cano, nació en la ciudad de Río Cuarto en 1918. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios antes de trasladarse a Córdoba, donde, en 1940, se recibió de odontólogo en la Universidad Nacional. 

Adhirió al peronismo en la primera hora. En el año 1951 ingresó al Senado provincial en representación del departamento Río Cuarto y llegó a presidir el bloque del peronismo por tres períodos, hasta 1954, en que renunció a la banca para asumir como ministro de Gobierno de Raúl Lucini. Durante los años en que el peronismo estuvo proscripto, fundó el partido Tres Banderas, y en 1962 resultó electo diputado nacional en los comicios que luego fueron anulados por el presidente José María Guido. Al año siguiente, pese a que figuraba nuevamente en la lista de candidatos, se plegó al voto en blanco, siguiendo las directivas dictadas por Perón desde el exilio.

En la etapa previa a la normalización institucional del país, estrechó el vínculo con los sectores juveniles y sindicales que levantaban la consigna “Luche y vuelve”. El 17 de noviembre de 1972 formó parte de la comitiva que acompañó a Perón en el vuelo charter que lo trajo de regreso al país tras diecisiete años de exilio.

Hipólito Atilio López, nacido en Córdoba, en 1929, era un viejo luchador del movimiento obrero cordobés, secretario general de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), el gremio de los conductores de colectivos urbanos, y líder de la citada corriente legalista, uno de los dos sectores en que se hallaba dividido el gremialismo peronista. Fue uno de los referentes del Cordobazo, junto a Agustín Tosco (Luz y Fuerza) y Elpidio Torres (SMATA).

Las autoridades electas asumieron el 25 de mayo de 1973; ese mediodía  hubo un acto en la plaza San Martín, y por la noche recuperaron la libertad los presos políticos, como ocurrió en casi todos los penales del país. Cuatro días después se recordó el cuarto aniversario del Cordobazo, con un acto masivo en la intersección de bulevar San Juan y Arturo M. Bas, al que asistió el presidente de Cuba Osvaldo Dorticós.

Pasados los festejos, llegó la hora de gobernar. El gabinete de Obregón Cano reunió en su seno a figuras de distinta extracción, una mixtura entre el sector tradicional y las expresiones progresistas que convivían en el espacio oficialista: Alfredo Erio Bonetto (Gobierno); José Enrique Fierro (Hacienda); Luis Esterlizi (Obras Públicas); Antonio Lombardich (Bienestar Social); Carlos Tagle Achával (Educación); Humberto Gómez Amaya (Agricultura y Ganadería). El elenco se completaba con Luis Dall’Aglio (Secretaría General); Juan Carlos Bruera (Fiscal de Estado); Eduardo Valverde (Secretaría Legal y Técnica), Miguel Hugo Vaca Narvaja (Procuraduría del Tesoro); Alejo Díaz Tillard (Prensa) y Julio Aliciardi (Banco de Córdoba), entre otros. Horacio Obregón Cano, hijo del gobernador, ocupaba la secretaría Privada y hacía de nexo con los representantes de la Tendencia, que por esos días eran asiduos visitantes de la Casa de las Tejas. El “Negro” Atilio era a su vez el nexo con el sindicalismo combativo.

La gestión gubernativa de Obregón Cano estuvo fuertemente condicionada por la matriz conservadora cordobesa, reticente a los cambios, y por las visiones antagónicas que guarnecía el amplio paraguas peronista. Por un lado, la juventud, las agrupaciones y los gremios partidarios de la “patria socialista” como proyecto estratégico; y por el otro, el antunismo y la corriente “ortodoxa” del sindicalismo que adscribían a la “patria peronista”, según las etiquetas de la época.

El gobierno cordobés estaba identificado con el primer sector y, por lo tanto, sufría los embates permanentes del otro y los desplantes del conservadurismo local que temía ver afectados sus privilegios por un gobierno de cuño popular. Así las cosas, el obregonismo debía moverse en medio del fuego cruzado de la izquierda peronista que lo apoyaba y de la derecha que lo fustigaba esperando la oportunidad de tomarse revancha.

Las tensiones internas del peronismo estallaron el 20 de junio de 1973, en Ezeiza, en ocasión del regreso definitivo de Perón a la Argentina. Poco después, el presidente Héctor Cámpora presentó la renuncia y se convocó a nuevas elecciones. El 23 de septiembre de 1973, la fórmula integrada por Juan Domingo Perón y su tercera esposa obtuvo el 62 por ciento de los votos: un Perón agotado y de mala salud asumía por tercera vez la presidencia de la Nación.

Lejos de calmarse, la puja ideológica se agitó aún más, sobre todo después del atentado a José Ignacio Rucci, que enardeció a la cúpula peronista. Por llevar “la marca en el orillo”, Obregón Cano quedó en la mira del ala reaccionaria del peronismo junto a otros gobernadores vinculados a la Tendencia, como los de Buenos Aires, Salta, Mendoza, Formosa y Santa Cruz.

En adelante, el gobernador cordobés sufrió el continuo asedio de la derecha que le reprochaba su complacencia con los “elementos subversivos infiltrados en su gobierno”. Gestión complicada En semejante contexto, resultaba harto difícil llevar a cabo una gestión que conformara a todos y asegurara a su vez la paz social. Por el contrario, las primeras medidas fueron conflictivas y generaron roces con instituciones y sectores sociales tan gravitantes como disímiles: los ganaderos, la Iglesia y la cúpula policial.

Los primeros rechazaron la política de abastecimiento de carne que implementó la administración provincial, en línea con el control de precios aplicado en el orden nacional. Con el fin de eludir los precios máximos oficiales, los productores cordobeses trasladaban la hacienda en pie para ser faenada en provincias vecinas, lo que desató una fuerte controversia con el sector, ocasionando frecuentes incidentes en los controles camineros que estaban a cargo del cuerpo de inspectores desplegado en el territorio provincial.

Los sectores confesionales y la cúpula eclesiástica, por su parte, reaccionaron airadamente y se opusieron al dictado del Estatuto Básico (Ley Nº 5659), una norma largamente reclamada por los docentes de institutos privados de enseñanza, muchos de ellos gestionados por órdenes religiosas.

Con la Policía la cuestión era más delicada aún, debido a que muchos cuadros superiores de la fuerza resistían los cambios que el gobierno procuraba llevar a cabo en el seno de la institución con el fin de democratizarla y depurarla de funcionarios comprometidos con la pasada dictadura. En el mes de octubre, las modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía provincial causaron un pico de tensión y un amago de sublevación, que encontró al jefe designado por el gobernador, teniente coronel (RE) Antonio Domingo Navarro, del lado de su tropa.

Navarro, exjefe de la Policía Militar del Tercer Cuerpo de Ejército, tenía el aval del general Jorge Calcagno. Paradójicamente, también contaba con el visto bueno de la Tendencia, que lo postuló para el cargo.

Hacia el Navarrazo Mientras el gobierno nacional se alejaba del Socialismo Nacional proclamado durante la campaña, y se abroquelaba en el Pacto Social entre trabajadores y empresarios que propiciaba el congelamiento de precios, tarifas y salarios, el divorcio entre el gobierno de Perón y los sectores ligados a la Tendencia Revolucionaria se profundizaba día a día.

Como coletazo de esas desavenencias, a fines de 1973, renunciaron a sus bancas cinco legisladores de la rama juvenil, disconformes con la reforma al Código Penal propuesta por el gobierno para endurecer la represión, entre ellos los diputados cordobeses Roberto Vidaña y Rodolfo Vittar, del círculo obregonista.

El clima de violencia que envolvía a la Argentina solía causar bajas de personas que no tenían nada que ver con la guerrilla o la represión. Fue el caso, por ejemplo, de los cinco cooperativistas muertos por policías cordobeses el 23 de enero de 1974 en las vecindades de la localidad santafesina de Armstrong. Se dijo entonces que habían sido confundidos con guerrilleros, aunque en realidad se trató de un pase de facturas entre la policía provincial y la Federal. Este episodio resintió la confianza depositada en el jefe de Policía, que ya estaba en la mira por ciertos manejos administrativos.

Entretanto, la ciudad de Córdoba soportaba un lock out de los empresarios del transporte, que reclamaban un aumento del boleto que el gobierno no convalidó. A su vez, los paros de la UTA, en el marco del mismo conflicto, habían  mellado la relación del gobierno provincial con el intendente capitalino, Juan Carlos Ávalos.

El discurso golpista aprovechaba estas situaciones y machacaba con que Obregón Cano no era capaz de garantizar la paz social ni poner coto a los hechos de violencia y al accionar de las organizaciones armadas que seguían operando en la provincia.

Por esos días, vencido por las presiones, cayó Oscar Bidegain, gobernador de la provincia de Buenos Aires. El turno siguiente le correspondería a Córdoba, donde la derecha daría el zarpazo pocas semanas más tarde.

Golpe a la cordobesa “Obregón Cano (…) no era, por cierto, un ‘subversivo’ de la Tendencia, sino un dirigente moderadamente reformista, honesto y bienintencionado, cuyos orígenes estaban en el Partido Demócrata (conservador) de Río IV”, sostiene el historiador Roberto Ferrero. Y concluye: “Quedó entre la espada (Perón) y la pared (la Tendencia)”.

La sedición, que se venía preparando en las sombras, se desencadenó el 27 de febrero de 1974 a partir de la decisión del gobernador de remover a Navarro, que se le había ido de las manos. Respaldado por los mandos superiores de la fuerza, Navarro no sólo no presentó la renuncia que le solicitó el ministro de Gobierno sino que exigió, a su vez, la renuncia de las autoridades provinciales. Obregón Cano rechazó la insólita demanda, lo destituyó por decreto y designó al subjefe, inspector general Rubén Cuello, al frente de la fuerza.

En las horas siguientes, la tensión fue en aumento. Las emisoras LV2 (La Voz del Pueblo) y LV3 (Radio Córdoba) comenzaron a difundir proclamas de los insurrectos que acusaban de marxista al gobierno, en tanto que bandas de civiles armados, identificados con brazaletes de colores, tomaban el control de puntos estratégicos en el centro de la ciudad como plantas de transmisión, sede de la Legislatura, facultades, locales partidarios y sindicatos opositores.

El gobierno contragolpeó expresando en un parte de prensa que: “Antonio Navarro, en franca actitud de rebeldía, lejos de acatar la orden recibida, engaña a sabiendas a parte del personal policial y, con el apoyo de pequeños grupos repudiados por la ciudadanía, se rebela, pretendiendo ser fiscal del gobierno electo por todo el pueblo de la provincia”.

Pese a la gravedad del cuadro institucional, el gobernador no convocó a ninguna movilización popular y disuadió a los Montoneros de actuar, convencido de que podía mantener el conflicto dentro de los carriles legales y evitar episodios de violencia. A ese efecto, por esas horas se mantenía en contacto permanente con el ministro del Interior Benito Llambí. Todavía no sabía que el golpe policial era prohijado desde altas esferas del poder nacional y contaba con el apoyo explícito de influyentes funcionarios, como José López Rega, ministro de Bienestar Social.

Esa noche, en el clímax de la jornada, medio centenar de policías uniformados y de civil irrumpieron en la Casa de las Tejas y detuvieron a Obregón Cano y Atilio López, que se hallaban reunidos en el despacho principal considerando la situación. En un hecho sin precedentes, se llevaron también a alrededor de ochenta personas que se encontraba a esa hora en el lugar, entre ellos ministros, altos funcionarios y legisladores.

Gobernador y vice fueron cargados en un patrullero. Junto al resto de los detenidos, apiñados en tres colectivos, fueron trasladados a la sede del Comando Radioeléctrico, donde permanecieron hasta que el Juez Federal, Adolfo Zamboni Ledesma, dispuso su liberación en los días siguientes, luego de desestimar la denuncia de Navarro que pesaba sobre ellos por “tenencia y distribución de armas de guerra a grupos de izquierda para subvertir el orden constitucional”. 

A partir de la detención de las máximas autoridades se sucedieron una serie de hechos consumados. El jueves 28 por la noche, asumió como gobernador interino Mario Dante Agodino, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia en representación del departamento San Justo. La movida contaba con el apoyo de la Juventud Sindical Peronista y de otras facciones que se adueñaron por esas horas de las reparticiones públicas, mientras que en las filas obregonistas cundía la confusión.

Mientras esto sucedía en Córdoba, el gobierno nacional adoptaba una actitud pasiva, que en la práctica encerraba un claro aval a los sediciosos. Tras recuperar su libertad, Obregón Cano y Atilio López viajaron a Buenos Aires para entrevistarse con Perón y tratar de revertir la situación planteada en Córdoba; sin embargo, la gestión fracasó y no fueron repuestos en sus cargos. “Que los cordobeses se cocinen en su propia salsa”, es la frase lapidaria que se le atribuye al entonces presidente, fastidiado por el desacato de la izquierda peronista. Si no la pronunció, los hechos posteriores se inscriben en esa línea, aunque la postura de Perón tiene hasta hoy miradas diferentes, más indulgentes algunas, menos complacientes otras.

El gobierno nacional incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de intervención federal al Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba, que fue aprobado por ambas cámaras; el 9 de marzo por el Senado y el 5 de mayo por la Cámara de Diputados.

“Perón está satisfecho de haberse librado de él y la Intervención Federal que se envía a Córdoba -pactada con Balbín y los radicales para que no se toquen las municipalidades ni los poderes Judicial y Legislativo- está destinada no a reponer al mandatario ilegalmente depuesto, sino a bendecir y consolidar la situación de sus derrocadores”, afirma Roberto Ferrero, ya citado. En efecto, en el mensaje que acompaña al proyecto se descarga la responsabilidad en las autoridades legítimas y no en los policías insubordinados. Días más tarde, resignados a su suerte, gobernador y vice presentaron la renuncia.

Lo que vino después “El año que siguió a la expulsión del gobernador constitucional de Córdoba fue el tobogán hacia el precipicio”, acierta el periodista Enrique Lacolla. El primer interventor que arribó a Córdoba fue Duilio Brunello, quien ejerció esa función entre el 15 de marzo y el 7 de septiembre de 1974. Lo reemplazó el brigadier Raúl Oscar Lacabanne, un “halcón” patrocinado por el lopezreguismo que puso en marcha la represión ilegal en la provincia y sentó las bases del aparato terrorista mucho antes del golpe de 1976.

Navarro resultó condenado por el delito de sedición, e indultado luego por María Estela Martínez, “Isabelita”.

Atilio López fue asesinado por las Tres A junto a Juan José Varas, exfuncionario obregonista, el 16 de septiembre de 1974, en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires.

Obregón Cano profundizó el vínculo con los sectores más radicalizados; se exilió en México, donde compartió la dirección del Movimiento Peronista Montonero con otros referentes históricos como Oscar Bidegain y Rodolfo Puiggrós. Regresó al país durante la presidencia de Raúl Alfonsín; fue detenido, procesado y condenado junto a Firmenich y otros jefes montoneros, e indultado durante la gestión de Carlos Menem.

En la actualidad, con 95 años cumplidos, reside en la ciudad de Buenos Aires.

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