“Vengo a ver como me degüellan mis amigos”, musitó el hombre pálido y demacrado, enfundado en un sobretodo oscuro, que seguía el debate desde uno de los palcos de la Cámara de Diputados de la Nación. Era la tarde del viernes 10 de junio de 1960, y el cuerpo trataba la intervención a la provincia de Córdoba. La ley se aprobó cuando Arturo Zanichelli, el gobernador depuesto, ya había regresado al sanatorio Otamendi, donde se recuperaba de una operación de vejiga.
Tenía entonces 50 años. Había nacido en Luján de Cuyo, Mendoza, el 27 de agosto de 1910, y era el quinto de once hermanos. Una ligera renguera -secuela de la poliomielitis que sufrió de niño- le valió el apodo que lo hizo popular: “El rengo”. Sin embargo, tesonero como pocos, superó esa dificultad y hasta jugó al fútbol, llegando a ocupar el arco de Universitario e Instituto.
Como tantos provincianos, vino a estudiar a La Docta, donde vivió en pensiones de mala muerte y se recibió de abogado en la Universidad Nacional. Se quedó en Córdoba, donde ejerció su profesión y se casó con Victoria Pozzi, docente de alma, con quien tuvo dos hijas: Ana María y Silvia Elena y un varón que murió a poco de nacer.
Adhirió a la Unión Cívica Radical en tiempos de Sabattini y Del Castillo. Por esos años, se desempeñó como Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda y más tarde al frente del Departamento Provincial de Trabajo. En la década de 1940, ocupó una banca en el Senado provincial por el departamento Capital. En 1951 fue candidato a vicegobernador, secundando a Arturo Umberto Illia en la fórmula radical. En 1954, resultó electo diputado nacional.
Cuando el radicalismo se partió en dos, Zanichelli optó por la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), liderada por Arturo Frondizi, opuesta a la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) capitaneada por Ricardo Balbín. En 1958, merced al apoyo del peronismo, Frondizi triunfó en las elecciones presidenciales de aquel año.
Entonces, la fórmula de la UCRI cordobesa, integrada por Arturo Zanichelli y Ángel Reale, obtuvo 359.528 votos contra los 309.228 que consiguió la UCRP, representada por Eduardo Gamond y José Luis Vesco. Bastante más atrás, la Democracia Cristiana y el Partido Demócrata.
Los cómputos reflejaban el nuevo paisaje de la política cordobesa, con un radicalismo dividido, un oficialismo de nuevo cuño y el conservadorismo en retroceso. La tensión social era la misma que en el resto del país, sacudido por el clima de violencia y recorte de libertades ciudadanas y gremiales instalado por la llamada Revolución Libertadora.
Gobernador de Córdoba
Arturo Zanichelli asumió el 1º de mayo de 1958; en su discurso se reiteró a favor de la apertura y la tolerancia: “Integremos. No excluyamos. Cohesionemos y no enfrentemos”, dijo ese día, desnudando su postura conciliadora. Enseguida envió señales tempranas hacia la dirigencia sindical, con quien el mandatario pretendía mantener un vínculo fluido para garantizar la paz social.
El gabinete estaba integrado por Félix Martín (Gobierno, Culto e Instrucción Pública); Miguel Paschetta, (Hacienda y Previsión Social); José Vicente Bertarelli, (Obras Públicas, Turismo y Asuntos Agrarios); Pedro Albertini (Salud Pública) y Jorge Melani (Secretaría General de la Gobernación). Héctor J. Panzeri presidió el Senado y Edgardo Hugo Caballero la Cámara de Diputados. El elenco gobernante se completaba, entre otros, con Mario Piantoni (Fiscal de Estado); Hugo Vaca Narvaja (presidente del Banco de la Provincia de Córdoba); José Higinio Monserrat (presidente de EPEC); Alfredo Arca, (jefe de Policía), Raúl Faure (Subsecretario de Gobierno) y Carlos Gigena Parker (director de Prensa). El prestigioso jurista Ricardo Núñez presidía el Tribunal Superior, en tanto que el intendente de la ciudad era Gilberto Molina, también proveniente de filas ucristas.
El desafío era grande: “Zanichelli era consciente de la fragilidad de su esquema de poder, la inexperiencia de los cuadros que lo acompañaban, la dimensión de la organización política opositora y la reticencia de una porción del peronismo a reconocer la legitimidad de su triunfo”, sintetiza Raúl Ripa en Aproximaciones al gobernador Zanichelli.
La sede del Gobierno funcionaba en el cuarto piso del Correo, en la esquina de General Paz y Colón. A poco de instalarse allí, Zanichelli comprendió que no era el lugar adecuado y decidió mudarla al edificio del Hogar de Ancianos –aún no habilitado- levantado por la Fundación Eva Perón en el barrio de Nueva Córdoba. La familia Zanichelli, que residía en una casona sobre el bulevar Castro Barros al 300, se instaló en uno de los chalets levantados en el extenso predio de la nueva sede gubernativa.
Conflictos al por mayor
El telón de fondo de la gestión eran los paros generales decretados por la CGT y los continuos conflictos gremiales, a lo que debe añadirse la ebullición existente en las Fuerzas Armadas que hostigaban al presidente Frondizi y repercutía en Córdoba.
Los primeros meses fueron bien movidos: en agosto estalló una insurrección policial que puso en aprietos al gobierno y se cobró la cabeza del jefe de Policía. El saldo de la movida policial fueron numerosas bajas, traslados y detenciones.
La Ley de Educación propiciada por el gobierno frondicista desató un conflicto de proporciones en todo el país y adquirió particular virulencia en Córdoba, donde la dura puja entre los partidarios de la enseñanza religiosa o “libre” y la enseñanza “laica” ganó las calles y suscitó más de un incidente.
En medio de esas y otras turbulencias, el gobierno firmó un convenio con la firma italiana Ansaldo para la construcción de dos usinas de generación térmica en la provincia: una en el bajo Galán, en la ciudad de Córdoba, y otra en Pilar, departamento Río Segundo. Ese contrato, concebido para incrementar la oferta energética y tornar más competitiva a la Córdoba industrial, fue duramente cuestionado por la oposición y derivó en un escándalo político.
Eran tiempos violentos; la ola de atentados que sacudía al país tuvo en Córdoba su pico más alto en febrero de 1960, con la voladura del depósito de combustibles de la Compañía Shell, en Villa Bustos, con un saldo de trece muertos. Aunque se atribuyó la autoría a un comando peronista, se sospechaba de la participación de personal de Ejército y miembros de organismos de inteligencia con el fin de desestabilizar al gobierno y provocar su caída. La investigación y el juzgamiento de los presuntos responsables del atentado generaron una fuerte controversia entre la Justicia provincial, el gobierno nacional y las autoridades militares, que por esos días tomaron el control operativo de las cárceles cordobesas, complicando aún más la situación. El conflicto jurisdiccional mereció un airado reclamo de Zanichelli que tensó la relación con el gobierno frondicista.
Cuenta regresiva
El informe CONINTES (Conmoción Interna del Estado) dedicado a Córdoba criticaba la inacción de las autoridades y resaltaba la pasividad de la policía provincial, subrayando que no se había aclarado ninguno de los veintiséis casos de terrorismo registrados durante el último año, acusando al gobierno de complicidad. El lapidario reporte de inteligencia concluía solicitando la renuncia del gobernador y del entonces ministro de Gobierno, Hugo Vaca Narvaja.
El 27 de marzo de ese año, las elecciones legislativas favorecieron a la UCRP, que superó a la UCRI por más de 100.000 votos, debilitando aún más al gobierno.
Pese al revés sufrido, Zanichelli redobló la apuesta: el 26 de abril envió su renuncia a la Legislatura, donde aún tenía mayoría. No pensaba abandonar el cargo, sino revertir la crisis política merced a un gesto de autoridad. La renuncia fue tratada a los pocos días, durante una tumultuosa sesión que duró quince horas y en la que los legisladores se dijeron de todo. Al final, tal como se esperaba, fue rechazada.
Sin embargo, la suerte de la provincia y de su gobernador estaba echada: el 11 de junio de 1960, a las 2.45 de la madrugada, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la intervención federal a Córdoba.
Mientras la familia Zanichelli desalojaba el chalet para trasladarse a una modesta casa en barrio Quebrada de Las Rosas, la Casa de las Tejas tenía un nuevo ocupante: Juan Francisco de Larrechea, el interventor federal enviado a Córdoba.
El exgobernador volvió al llano y alternó la política con los problemas de salud; en 1963, resultó electo diputado nacional. Lo fue por poco tiempo: el 25 de mayo de 1964, el cáncer que lo tenía a mal traer le ganó la partida.
El recuerdo de su buen nombre sigue vivo entre los cordobeses.
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