Es sabido que la próxima gestión deberá enfrentar una Argentina agrietada, principalmente por los altos índices de pobreza, además de otras cuestiones menos urgentes pero de alta significancia.
Una de esas cuestiones es la concentración física y demográfica de la República Argentina, en tanto factor negativo desde el punto de vista político, económico y social. En lo político afecta las buenas prácticas federales, en lo económico limita el desarrollo de las economías regionales e industrias locales y en lo social complejiza la adecuada contención de colectivos vulnerables.
La ocupación del territorio nacional, a la luz del proceso histórico, fue progresivo y no planificado y, por momentos, caótico y cruento. Las primeras corrientes conquistadoras ingresaron por el noroeste, llegando hasta Córdoba. Otras incursionaron por el Río de la Plata y los grandes ríos del litoral, con suerte dispar. Durante la etapa colonial y la primera centuria de nación independiente, el puerto de Buenos Aires fungió como centro de gravedad de la articulación espacial que devino en el formato centralista. Sobre fines del siglo 19 se anexó el vasto territorio patagónico y se completó la apropiación de la llanura pampeana tras el asentamiento de inmigrantes y tendido de ferrocarriles.
Ese diseño macrocefálico, radial y concéntrico, funcional al comercio ultramarino, se profundizó con el transcurso del tiempo. Ya en el siglo 20, las radicaciones industriales inclinaron aún más el mapa hacia el conurbano bonaerense. El resultado es el país del presente, donde resalta el desequilibrio espacial.
La provincia de Buenos Aires, dado su volumen físico e inusitado crecimiento, se ha convertido en el mayor problema demográfico de la Argentina. La dimensión adquirida en las últimas décadas la proyectó a una escala desproporcionada con relación al resto de las regiones del país, algunas de las cuales sufrieron el proceso inverso, potenciando el desequilibrio mencionado.
Desbordada de población y problemas irresueltos, la principal provincia argentina se erige como un enorme reservorio de necesidades acuciantes y rebeliones dormidas y, por eso mismo, en la mayor demandante de recursos fiscales que ningún gobierno nacional puede retacear sin poner en juego la tan mentada gobernabilidad, algo que pasó y puede volver a pasar. Algunos partidos de esa provincia, como La Matanza o Lomas de Zamora, tienen más población que varias provincias argentinas.
Buenos Aires fue y es, desde esa perspectiva, un barril sin fondo al que sin embargo hay que llenar: la hermana mayor suele vender muy caro su enorme capacidad electoral, amplificada en extremo tras la desafortunada supresión del Colegio Electoral que menguó el peso político de las demás provincias, sobre todo de las menos pobladas.
El abordaje de esta gran asignatura pendiente no es sencillo. Ya durante la presidencia de Bernardino Rivadavia (1826/1827) tuvo trámite legislativo el proyecto para dividir a la provincia de Buenos Aires en dos, que no prosperó, entre otros motivos por la oposición de influyentes latifundistas.
En la segunda mitad del siglo pasado, bajo distintos gobiernos, hubo algunos intentos para propender a la descentralización física del país —incluido el traslado de la capital a Viedma—, que no tuvieron continuidad por distintas razones. Diversos proyectos ligados a los recursos naturales y el desarrollo regional dieron nacimiento a empresas estatales o mixtas como Hidronor, encargada de la construcción de la represa del Chocón; Hipasam, para la explotación del hierro de Sierra Grande en la provincia de Río Negro; Somisa, la planta siderúrgica de San Nicolás en provincia de Buenos Aires; Altos Hornos Zapla, para producir acero en la provincia de Jujuy; Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, en la provincia Santa Cruz; el Astillero Río Santiago de Ensenada, en provincia de Buenos Aires; y las fábricas militares diseminadas en distintos puntos del país, fueron algunos de esos intentos.
El cierre o las privatizaciones de esas y otras empresas estatales y el desmantelamiento de la red ferroviaria dejaron un penoso saldo de despoblamiento, desaparición de fuentes de trabajo y marginalidad en las zonas afectadas, como pasó en su momento con La Forestal en el Chaco. La consiguiente expulsión de pobladores agravó la concentración no deseada en los grandes centros urbanos o sus alrededores, profundizando, a su vez, la grieta social.
Tampoco las legislaciones de promoción industrial, como los regímenes que beneficiaron a las provincias de San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan y a establecimientos radicados en Tierra del Fuego, dieron los frutos esperados, en varios casos afectados por prácticas corruptas. El magro balance se completa con otras regresiones o desidias que afectan el efectivo dominio territorial en áreas estratégicas como el sector antártico, el litoral marítimo y la desprotegida plataforma continental.
Estos y otros problemas subsisten, en tanto que la descentralización física no parece estar presente en la agenda pública, recurrentemente postergada por otras urgencias o prioridades. Sin embargo, tarde o temprano habrá que tomar el toro por las astas si se quieren corregir las grandes deformaciones que exhibe el país.
Lo deseable sería que la cuestión, dada su importancia, se encare y resuelva en un marco de racionalidad, consenso y justicia para no generar nuevas frustraciones.