¿Y para esto tanto apuro?, le pregunto al empleado que, atrincherado en la Casilla de Notificaciones, me mira azorado sin entender muy bien la pregunta. Sigo mi camino, porque en realidad mi propósito no era incomodar al individuo apostado en esa suerte de casilla de peaje residual cuya misión es recibir oficios judiciales y cosas así y no responder preguntas mortificantes. Al fin y al cabo, ¿qué me hubiera contestado? Que sí, que tengo razón, que no se entiende muy bien por qué se demolió de apuro la Casa de las Tejas sin que el Gobierno tuviera dónde ir. O, más neutro, no sé señor, no sabría decirle, en todo caso pregúntele al señor Gobernador. Ajá, ¿y dónde puedo encontrarlo?; hubiera repreguntado, rápido de reflejos. Aquí cerquita, en Concepción Arenal 54. ¿Pero allí no funciona el Ministerio de Finanzas?, hubiera aguijoneado para incomodar todavía más. Y sí, ahí le prestan una oficina, pregunte ahí.
Este diálogo imaginario se produjo hace poco, a la vera del puente innecesario que atraviesa la innecesaria prolongación de la avenida Chacabuco tras la más que innecesaria demolición intempestiva de la Casa de las Tejas. Parece que hiciera tanto de eso que los cordobeses ya nos olvidamos. Sin embargo, en realidad hace apenas diez meses que el viejo y noble edificio todavía estaba allí, en pie, donde hoy despunta un parque construido a las apuradas por cámaras empresarias (¿desde cuándo las cámaras empresarias ejecutan obra pública?).
¿Y el Gobierno? ¿Dónde está?, podría preguntar un visitante desprevenido después de fotografiar con su celular el vasto espacio vacío donde tranquilamente podría seguir estando de no ser por el arrebato de progreso que embargó al último inquilino de la casa levantada por Eva Perón para albergar ancianos sin recursos. ¿El Gobierno?, alquila; le respondemos. Alquila caro a los dueños de las tres torres en las que amontonaron las dependencias que hasta diciembre del año pasado funcionaban donde hoy queda una solitaria Casilla de Notificaciones.
Torres privadas, apenas camufladas de edificios públicos, casi clandestinas podría decirse. Una de ellas, la más cercana, allí cerca, en Chacabuco al 700. Con nombre ostentoso, Diplomatic Office, alberga en sus once plantas a una parte de las dependencias que, en una carrera desenfrenada contra reloj, se mudaron entre la Navidad y el Año Nuevo del 2010. En la planta baja, una empleada rodeada de cajas apiladas y poco espacio para moverse debe consultar un listado para saber si lo que buscamos funciona allí.
Bajando hacia el centro, en Independencia 210, acamparon otras reparticiones, las últimas en abandonar el predio ahora convertido en parque. Allí, el uniformado apostado en el hall de Planta Baja impide a quienes no tienen cita acceder a los tres pisos que ocupa la Provincia.
En el tercer inmueble rentado, el de avenida Nores Martínez al 2700 -Edisur Office, para no quedarse atrás con los anglicismos- el Gobierno ocupa siete de las nueve plantas. Cómo debió ser la prisa para que un edificio sin final de obra y con el noveno piso aún sin terminar se convirtiera en sede temporaria de parte de la administración pública.
Una obsesión costosa
La Voz del Interior, en su edición del 2 de enero de 2011, bajo el título “Una obsesión millonaria”, reproduce el diálogo mantenido entre un secretario con un alto funcionario, ante quien el primero expuso un argumento de orden práctico para estirar los exiguos plazos para completar la mudanza ordenada desde arriba: “No hay tiempo para rescatar todas las cosas de valor que forman parte del edificio, si no postergamos la demolición”, fue su planteo. “La orden del gobernador es que se comience a demoler ya”, respondió el otro. “Pero ni siquiera están listos los papeles que habilitan la demolición”, insistió. “Se demuele ya”, fue la tajante respuesta acompañada de un gesto de fastidio.
La pregunta del millón, o, mejor dicho, de los millones, es cuánto costará esta ordalía de demoliciones insensatas y mudanzas apresuradas al fisco cordobés. Mejor dicho, a los contribuyentes cordobeses. Una cuenta que, como un taxímetro, crece día a día, ya que nadie sabe a ciencia cierta hasta cuándo se arrendarán los inmuebles particulares. Por esa misma razón nadie conoce la cuenta final, y es posible que nunca se conozca. Que no queden registros fehacientes de todos los desembolsos relacionados con la temeraria decisión de mudar el Gobierno porque sí, porque me piace. A los suculentos alquileres pagados, que es muy posible se disfracen o se disimulen en partidas maquilladas, deben agregarse los gastos de comisiones, mudanza, equipamiento y refacciones que podrían haberse evitado si se hubiese esperado la terminación del Centro Cívico como indicaba el sentido común.
¿Y todo para qué? ¿Para cumplir un sueño personal? ¿Para cortar las cintas del nuevo Centro Cívico antes de la finalización del mandato del actual gobernador? Aún así, por una cuestión de lógica elemental, no tenía sentido borrar del mapa la sede vieja antes de contar con la nueva. ¿O acaso alguien se cree el cuento infantil de que un edificio noble como el que ya no existe estaba a punto de caerse, como se pretendió hacer creer poco antes de que ingresaran las topadoras? Si hubiera sido por eso, habría que dar la voz de alarma y proceder a la urgente demolición del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria, levantado en la misma época, con los mismos materiales y, probablemente, por los mismos albañiles que construyeron el Hogar de Ancianos de la Fundación Eva Perón.
Por último, nos damos una vuelta por el “rulero” de cemento emplazado a la vera del río que será la sede del Poder Ejecutivo dentro de poco. A simple vista, se nota que falta bastante para que pueda ser habilitado, aunque seguramente será inaugurado con bombos y platillos antes de que el actual mandatario le entregue el bastón de mando a su sucesor. Es de esperar que no pase como con la nueva Terminal de Ómnibus, y su nuevo ocupante no deba evacuar su despacho ante el primer chubasco.