Con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, el 6 de septiembre de 1930, los militares inauguraron una práctica nociva que sería una constante en los siguientes cincuenta años: la de los golpes de Estado en la Argentina, que tantas desgracias nos trajeron.  

Hipólito Yrigoyen, con sus 78 años a cuestas, guarda cama: una gripe inclemente le impide acudir a la Casa de Gobierno como todos los días y ocuparse, como suele hacerlo, hasta de las cosas más mínimas. Mientras convalece, la pregunta machacona vuelve una y otra vez a su cabeza: ¿Por qué? Cómo podía ser que apenas dos años después de una victoria electoral aplastante, con casi el 60 por ciento de los votos, que lo consagró, por segunda vez, Presidente de los argentinos, todo parecía irse al demonio. Es cierto que a poco de asumir le cayó encima todo el peso de la crisis internacional que hundió al mundo capitalista, pero no era todo: estaba el partido; la feroz interna que no daba respiro con ese asunto del antipersonalismo. Y la prensa, los Botana y compañía, que atacaba al gobierno con una saña pocas veces vista, enrostrándole al presidente su senilidad e inoperancia, mientras que su entorno, en lugar de ayudarle a comprender y manejar la realidad tal cual era, se la presentaba distorsionada o directamente se la ocultaba. Que le escribían un diario complaciente, decían los opositores. El gobierno, jaqueado por la crisis económica y la oposición de adentro y de afuera, perdía popularidad aceleradamente, y el enfermo lo sabía. A esa altura, ya eran varias las provincias intervenidas y el clima de descontento se palpaba claramente en las calles, especialmente en la metrópoli, donde los estudiantes universitarios, espoleados por algunos ideólogos derechistas en boga, pedían su cabeza. Aún así, él evitó reprimir y trató de garantizar las libertades públicas, muchas veces a costa de su propio desgaste. Con ese panorama, nadie se sorprendió que, en las elecciones parlamentarias de ese año, 1930, el oficialismo perdiera votos y escaños en casi todas las provincias, incluso en algunos baluartes yrigoyenistas como la provincia de Córdoba, sufriendo, además, una clara derrota en la Capital Federal, el distrito más influyente.

Así estaban las cosas cuando el ministro de guerra, el general Dellepiane lo visitó para informarle que había un golpe en marcha. Inminente. El presidente, tendido en su lecho de enfermo, lo escuchó en silencio. El ministro le pidió que decretara el estado de sitio, pero él se negó. No creía que los militares fueran capaces de voltear un gobierno constitucional. Que llegaran a tanto. No pasaría mucho tiempo para comprobar cuán equivocado estaba.

La derecha en acción El cabecilla de la revolución en ciernes era un Teniente General retirado, José Félix Uriburu; un salteño de 62 años de edad, derechista confeso, que despreciaba tanto a la democracia como a los políticos. Curiosamente, siendo muy joven, Uriburu había participado del movimiento revolucionario de 1890, el que volteó al presidente Juárez Celman. El mismo que lideró Leandro Alem y del que también participó su sobrino dilecto: Hipólito Yrigoyen. Cosas de la vida. El rumor de un golpe de Estado crecía hora a hora. Mientras la Juventud Universitaria anunciaba que “el desquicio de las instituciones se acabará pronto”, el falangismo criollo encarnado en la Liga Patriótica Argentina hacía de las suyas como, por ejemplo, suspender a un agente de policía de un árbol y en paños menores y dejarlo allí a la vista de todos. Entretanto, la prensa opositora –el Crítica sobre todo- no dejaba de echar leña al fuego. El presidente, abatido, no atinaba a nada para defender a su tambaleante gobierno. Cuando su salud y la situación empeoraron del todo, delegó el mando en el vicepresidente, el cordobés Enrique Martínez, y dio la orden de no entregar el poder a los golpistas. Martínez, en un gesto desesperado, cambió el gabinete, en tanto que Elpidio González, el ministro del Interior, tomaba contactos con los altos mandos del Ejército para que no se prestaran a la aventura golpista. Uriburu, por su parte, trataba de convencerlos de que se sumaran a la algarada, en tanto que Leopoldo Lugones redactaba la proclama revolucionaria.

El 6 de septiembre se precipitaron los acontecimientos. Por la mañana un avión sobrevoló la capital lanzando panfletos contrarios al gobierno. Fue la señal para que salieran a la calle grupos de civiles armados exigiendo la renuncia de las autoridades. Aunque algunos destacamentos se plegaron al movimiento, por esas horas tempranas la situación en Campo de Mayo era un tanto confusa. La población, por su parte, se mantenía expectante en sus casas. Sobre el mediodía, el general Uriburu sacó sus fuerzas a la calle: un millar de efectivos entre oficiales y cadetes del Colegio Militar de la Nación, incluido un joven teniente llamado Juan Domingo Perón. Por la tarde se registraron tiroteos en varios puntos de la ciudad y la policía mantuvo algunos encontronazos con los manifestantes antiyrigoyenistas. Entretanto, una turba enardecida destrozó todo lo que halló a su paso, asaltó la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical e incendió los locales de los diarios La Época y La Calle, adictos al gobierno. La gente, indiferente, permanecía en sus casas. Al caer la tarde los revolucionarios dominaban la situación en tanto que las fuerzas supuestamente leales no se hacían ver. El vicepresidente permanecía en su despacho, hasta que los golpistas lo desalojaron. Yrigoyen resultó detenido y conducido como un reo a la inhóspita isla de Martín García. Esa misma noche una horda atacó su domicilio particular, destrozándolo todo y lanzando muebles y papeles a la calle. A la  misma hora en que esto sucedía, en el Círculo de Armas se servía un banquete para celebrar el triunfo de la revolución. Todo había terminado.

Colofón Uriburu se salió con la suya y fue ungido presidente, aunque no duró mucho en el cargo. Los planes de la oligarquía eran otros: su ensayo fascistoide no prosperó y, en 1932, lo sucedió el general Agustín P. Justo, un conservador poco afecto a las formas democráticas que inauguró el tiempo del famoso “fraude patriótico”. Uriburu se marchó a París, donde murió ese mismo año. En tanto, Yrigoyen, preso en Martín García, dormía en una estrecha cama de hierro y repartía su tiempo entre combatir las alimañas y repasar su triste presente. Y lamentarse por la ingratitud de la que era víctima. Pasó allí dos largos años hasta que se le permitió regresar a Buenos Aires y reunirse con su familia, aunque seguiría con prisión domiciliaria hasta que, pocos meses más tarde, volvieron a recluirlo en la isla, de donde regresó gravemente enfermo. Murió el 3 de julio de 1933 a los 81 años de edad. Y su nombre quedó en la historia. Del lado de los buenos.