La Alianza conformada por la Unión Cívica Radical y el Frepaso ganó las elecciones presidenciales de 1999 que consagraron al binomio Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez. Sin embargo, el ensayo aliancista naufragó al año siguiente con la renuncia del vicepresidente en el mes de octubre.
Para entonces, la convertibilidad —un peso, un dólar— seguía vigente, tal como lo había prometido el presidente en la campaña electoral, pero exhibía claros síntomas de agotamiento. En marzo de 2001, tras las gestiones fallidas de José Luis Machinea y Ricardo López Murphy, De la Rúa recurrió a su comprovinciano Domingo Cavallo para reanimar una economía exánime. Para entonces ya se había recurrido al FMI para implementar un blindaje financiero que no resultó suficiente para insuflar confianza y frenar la volatilidad de los mercados.
Las elecciones legislativas de medio término reflejaron el descontento social —alto porcentaje de “voto bronca”— y profundizaron la crisis política del endeble oficialismo, a la vez que el fracaso de Cavallo desembocó en la implementación del “corralito”, una medida de emergencia que trabó la libre disponibilidad de los depósitos bancarios y generó un creciente estado de malhumor social, sobre todo en las capas medias de la población.
Entretanto, las provincias recurrían a la emisión de cuasimonedas para paliar la crisis de liquidez, la CGT decretaba una huelga general y el FMI suspendía los desembolsos pactados, mientras se sucedían las movilizaciones populares, saqueos y cacerolazos, que tuvieron su pico el miércoles 19 de diciembre, cuando en Buenos Aires y otras ciudades las fuerzas de seguridad fueron desbordadas y se registraron enfrentamientos callejeros con los manifestantes.
En medio de una catarsis colectiva imparable, la sociedad enardecida señalaba con el dedo acusador a quienes detentaban algún cargo público como responsables de todos los males. “Que se vayan todos”, era la consigna dominante que dejaba al desnudo la crisis de representación política que emergía como telón de fondo de la emergencia económica.
Aquella tarde el presidente, huérfano de apoyo, decretó el estado de sitio que no calmó las aguas, como tampoco la renuncia de Cavallo que trascendió esa medianoche: al día siguiente recrudeció el caos y naufragó el intento postrero de De la Rúa quien ofreció un acuerdo de gobernabilidad que el peronismo desdeñó. El jueves 20 de diciembre estalló la crisis terminal que culminó con la renuncia del presidente en medio de tumultos que dejaron el penoso saldo de 39 muertos en todo el país y la patética imagen del helicóptero presidencial elevándose desde la azotea de la Casa Rosada (imagen).
A los episodios de violencia y represión le siguió la búsqueda frenética de una salida institucional para subsanar el vacío de poder, en tanto que el senador Ramón Puerta ocupaba interinamente la presidencia y la Asamblea Legislativa designaba presidente de la Nación a Adolfo Rodríguez Saá, cuyo acto más resonante fue declarar el default de la deuda externa.
Pese a que la situación se había distendido, el gobernador puntano no contó con apoyo suficiente y renunció al cabo de una semana. Para cubrir la nueva acefalía, el Congreso ungió presidente de la Nación al senador Eduardo Duhalde, con el apoyo de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Por esos días, los indicadores de pobreza, indigencia y desempleo rebasaron las marcas históricas, a la vez que, en un marco de total repliegue del Estado y falta de circulante, surgieron organizaciones de economía popular y ferias donde se practicaba el trueque de mercaderías. El sistema de partidos políticos implosionó y las asambleas y organizaciones piqueteras coparon el espacio público.
Lo que vino después es conocido: Duhalde decretó el fin de la convertibilidad, devaluó el peso, aplicó la llamada pesificación y, pese a que había prometido devolver los depósitos confiscados en la moneda en que estuvieran constituidos, se reintegraron gradualmente mediante la emisión de bonos del Estado a largo plazo. De a poco, el sistema bancario se normalizó, la economía recuperó su lozanía y comenzaron a moverse los engranajes de las pequeñas y medianas industrias y las economías regionales. El mayor impulso vino desde afuera, motorizado por la suba de los precios de los commodities en los mercados internacionales, especialmente de la soja.
Aunque Duhalde estaba habilitado para completar el mandato presidencial hasta el 10 de diciembre de 2003, optó por llamar a elecciones anticipadas tras la muerte de los piqueteros Kosteki y Santillán en el mes de junio de 2002, víctimas de la represión policial. Los comicios se concretaron el 27 de abril de 2003. No hubo segunda vuelta porque Carlos Menem desistió de presentarse y Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de ese año.