La corrupción en la política, el enriquecimiento de gobernantes y funcionarios a costa del Estado, los negocios ilícitos y la compra de voluntades, son tan antiguas como el hombre mismo.
Argentina no es la excepción: actos de corrupción, reales o denunciados, hubo en casi todos los gobiernos y en todas las épocas. Y si no, basta repasar la historia para comprobarlo.
Veamos. En tiempos coloniales, la principal actividad de Buenos Aires era el contrabando que practicaban los porteños para burlar el rígido monopolio español. Así nacimos.
La primera hora tampoco estuvo exenta del flagelo. Bernardino Rivadavia, primer y efímero presidente argentino, no quedó bien parado. La ley de Enfiteusis que repartió tierras a mansalva, el millonario empréstito con la Baring Brothers o la concesión a la Mining Company para explotar el Famatina son algunos de los puntos altos de la agenda rivadaviana.
Después, Juan Manuel de Rosas gobernó la provincia de Buenos Aires durante 20 años sin que se le endilguen hechos de corrupción resonantes. A lo sumo, podría decirse que favoreció a familiares como los Anchorena, estancieros amigos y aliados políticos en el reparto de tierras ganadas tras la campaña al desierto que encabezó en 1832, origen de los primeros latifundios.
Tras la sanción de la constitución de 1853, los tres primeros presidentes -Mitre, Sarmiento y Avellaneda- salvaron la ropa. Sin embargo, hubo corrupción, por ejemplo durante la guerra del Paraguay, que hizo ricos a muchos proveedores del Estado.
Los conservadores que dominaron la escena durante los siguientes 36 años, combinaron el arte de gobernar sin pueblo con el de beneficiarse a costa del Estado. Julio A. Roca, figura emblemática de la llamada Generación del 80, no se privó de nada. Su registro más alto fue la repartija de tierras ulterior a la campaña al desierto que liberó millones de hectáreas de tierras productivas hasta ese momento en poder de los pueblos aborígenes. Tal fue la parcialidad con que se repartió el valioso botín, que se popularizó el verbo “atalivar”, un dudoso tributo a la memoria de Ataliva Roca, el hermano presidencial que se ocupó de esos menesteres. Miguel Juárez Celman, sucesor de Roca, ejerció a su vez una gestión marcada por la corrupción administrativa, interrumpida por la revolución de 1890 que provocó su caída.
Siglo XX, cambalache...
Tras el interregno de gobiernos radicales entre 1916 y 1930, los conservadores volvieron al poder y con ellos las prácticas corruptas, que incluyeron además del llamado “fraude patriótico”, negociados de toda clase. Sobresale el Pacto Roca-Runciman, que le puso el moño al negocio de las carnes dominado por los frigoríficos extranjeros y los grandes hacendados, denunciado hasta el hartazgo por Lisandro de la Torre, quien, vencido por la impotencia, terminó quitándose la vida. Sin dejar de mencionar las escandalosas concesiones eléctricas a compañías extranjeras.
Durante la década peronista que le siguió, existieron denuncias que rozaron a personajes prominentes de la época como Juan Duarte, el hermano de Evita, o el ministro Miguel Miranda, que no llegaron a comprobarse pese a las investigaciones que impulsó la llamada Revolución Libertadora. Veinte años más tarde, María Estela Martínez de Perón fue puesta bajo la lupa, entre otras causas, por el famoso cheque de la Cruzada de Solidaridad Justicialista.
Los gobiernos militares, predicadores del orden y la moral, fueron esencialmente corruptos. La dictadura de Onganía favoreció la desnacionalización de la economía, que ocultó en sus pliegues la mar de negocios espurios. Sin embargo, fue la última dictadura la que, además de cometer crímenes de lesa humanidad a gran escala, batió todos los récords de corrupción, dejando como saldo, entre otras calamidades, la monumental deuda externa contraída ilegítimamente.
1983 en adelante
Los gobiernos constitucionales de los últimos treinta años no quedaron al margen de denuncias o sospechas que afectaron su imagen. Ni siquiera la gestión de Raúl Alfonsín, probablemente la más valorada por la sociedad, estuvo exenta de episodios controvertidos, como los pollos de Mazzorin o los galpones de Tierra del Fuego.
La gestión de Carlos Menem, el segundo presidente del ciclo, estuvo jalonada de casos de corrupción. Algunos de los más sonados: compra de guardapolvos y leche, el llamado Swiftgate, las valijas de Amira Yoma, los negocios de María Julia Alsogaray, el affaire IBM-Banco Nación, la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, entre otros.
Durante la gestión inconclusa de Fernando De la Rua sobresalen las coimas en el Senado para facilitar la aprobación de la ley de flexibilización laboral.
En la última década se repitieron hechos similares que comprometieron a altos funcionarios, a los que deben agregarse las denuncias recientes del periodista Jorge Lanata.
La otra cara de la moneda es la impunidad. La historia argentina registra muy pocos, por no decir poquísimos, antecedentes de condenas judiciales a gobernantes acusados por eventos de corrupción.
A su vez, en las últimas décadas hubo más denuncias mediáticas y castigo social que investigaciones y sanciones judiciales. Algo que debemos cambiar si aspiramos a tener una república de verdad.