1982. La dictadura que llevaba seis años en el poder comenzaba a languidecer, desgastada por la brutalidad y el fracaso. Luego de un interregno tan fugaz como deslucido del general Roberto Viola, la presidencia había quedado a cargo del general Leopoldo Fortunato Galtieri. La tensión social iba en aumento. El 30 de marzo de aquel año, una manifestación sindical había sido ferozmente reprimida por la policía en las calles y avenidas adyacentes a la Plaza de Mayo.
Ese clima de descontento imperante en el país impulsó a la Junta Militar a recurrir a una providencial tabla de salvación: ocupar las islas Malvinas. Especulaban con que la audaz maniobra devolvería a las Fuerzas Armadas parte del prestigio perdido en los últimos años y las oxigenaría para perpetuarse en el poder o, al menos, proveerles una salida honrosa.
Las negociaciones con el reino Unido se hallaban estancadas. Ingenuamente, creyeron contar con la complacencia del republicano Ronald Reagan, sin reparar en los lazos estratégicos que unían desde hacía tiempo a los EE.UU. con Inglaterra y sus aliados de la OTAN. Confiados, tampoco creyeron que el gobierno británico, de la más rancia estirpe conservadora, reaccionaría del modo que lo hizo.
Cuando aún no se habían acallado por completo los ecos de la movilización del día anterior, la Junta decidió poner en marcha la “Operación Rosario”, llamada así en homenaje a la Virgen. En las primeras horas del 2 de abril, las bisoñas tropas argentinas —la mayoría eran jóvenes de entre 18 y 20 años— desembarcaron en las islas y ocuparon Puerto Stanley —Puerto Argentino, a partir de ese momento—, donde los ingleses sólo mantenían una pequeña guarnición que no ofreció resistencia. Hasta allí, la suerte parecía sonreírles a los mandos militares.
Pese a que la decisión fue adoptada por un gobierno ilegítimo, despertó en el pueblo argentino el hondo sentimiento nacional que encierra la soberanía de Malvinas. “¡Argentina, Argentina!” rugía la misma plaza repleta de gente que poco antes había repudiado a los dictadores de turno; en el mismo lugar donde cada jueves las madres reclamaban por sus hijos secuestrados por los mismos militares que ahora saludaban extasiados desde los balcones de la Casa Rosada.
La gente ganó calles y plazas para expresar su apoyo a lo que consideraban una reparación del despojo sufrido ciento cincuenta años atrás, cuando la corbeta Clío de Su Majestad Británica ancló en la isla Soledad y consumó la usurpación. El país enteró se embanderó de celeste y blanco y salió a relucir el espíritu nacionalista, soliviantado por el discurso oficial y la prédica empalagosa de algunos comunicadores. El público donaba joyas y dinero, los niños escribían cartas y enviaban golosinas a los soldados, las instituciones civiles se pronunciaban a favor. Todos deseaban expresar su solidaridad, nadie quería ser acusado de indiferencia o traición a la patria.
La primera fase del operativo se desarrolló sin mayores inconvenientes, quedando el general Mario Benjamín Menéndez a cargo del gobierno del archipiélago. El gobierno de Margaret Thatcher, pasado el estupor inicial, reaccionó enérgicamente; los viejos piratas no estaban dispuestos a perder una de sus más preciadas posesiones de ultramar. Las Naciones Unidas no tardaron en propinar el primer revés a las ilusiones de la Junta: la Resolución 502 dispuso el cese de las hostilidades y la retirada inmediata de las fuerzas argentinas de las islas.
Casi todas las potencias occidentales apoyaron sin tapujos al gobierno inglés, lo mismo que el Chile de Pinochet, que puso a disposición su territorio. Mientras Alexander Haig, el emisario de Reagan, ensayaba una mediación vana, el gobierno inglés despachaba una poderosa flota a los mares del sur, comandada por el príncipe Andrés. “¡Qué venga el principito!”, alardeaban medios y comunicadores adictos, replicando el ensoberbecimiento de la cúpula militar. A partir de ese momento no hubo retorno: la Argentina marchaba inexorablemente a una confrontación para la que no estaba preparada. La gente no tenía la obligación de saberlo; los militares sí.
El enemigo dio un ultimátum y fijó una zona de exclusión de 200 millas marítimas alrededor de las islas; todo lo que se encontrara dentro de ese perímetro sería considerado una amenaza y, por ende, atacado. Entretanto, el gobierno de los EE.UU. se quitó la careta y comprometió oficialmente su apoyo a Gran Bretaña. La Argentina quedaba cara a cara con una de las mayores potencias mundiales.
Los peores pronósticos se cumplieron cuando la Task Force se aproximó a las islas. El hundimiento del crucero General Belgrano echó por tierra las últimas gestiones de paz y despeñó la guerra hacia su trágico final. A partir de ese momento, los británicos, decididos a liquidar el pleito cuanto antes, pusieron en marcha una escalada arrolladora que culminó el 14 de junio de 1982. Murieron 649 combatientes, 323 de ellos en el hundimiento del ARA General Belgrano; más las bajas registradas en años posteriores, la mayoría por suicidios.
Que las Malvinas fueron, son y serán argentinas es una irrefutable verdad histórica, jurídica y geográfica. El archipiélago forma parte de la plataforma continental y nos ampara el Derecho Público Internacional. Algo que ni debiera estar en discusión. El aventurerismo de quienes embarcaron al país en aquella guerra no desmerece el patriotismo de oficiales, suboficiales y soldados que lucharon y murieron en Malvinas pese a la desigualdad de condiciones con el poderoso enemigo.
En homenaje de todos ellos, de los caídos y veteranos, debemos ganar otra guerra: la de la Memoria, contra el olvido y la indiferencia.
Honor y gloria a todos quienes dieron sus vidas por la Patria.