El Fondo Monetario Internacional nació en 1944, tras los acuerdos de Bretton Woods, con el rol de organizador del orden financiero mundial de posguerra.
El gobierno peronista de entonces fue reacio a suscribir la solicitud de ingreso. La República Argentina recién se incorporó en 1956, como miembro número 59, siguiendo el consejo de varios economistas entre ellos Raúl Prebisch. Enseguida, recibió un préstamo del FMI de 75 millones de dólares, que habilitó a su vez desembolsos del Eximbank y otros bancos.
Desde entonces, la presencia del organismo multinacional fue una constante en la economía argentina, variando la intensidad de su intervención según la coyuntura. Entre 1956 y 2006, se firmaron 26 acuerdos. A fines de 1958 el presidente Arturo Frondizi anunció el primer Plan de Estabilización, que incluía medidas tales como devaluación, libertad de precios y topes salariales.
En los años ’60 y comienzos de los ’70, para paliar los problemas crónicos del país, se sucedieron los mencionados acuerdos de estabilización, precedidos de la famosa Carta de intención donde quedaban plasmados los compromisos asumidos por los gobiernos a cambio de asistencia financiera. Los condicionamientos ponían el foco en la balanza de pagos y el déficit fiscal de los países deudores, recomendando medidas de ajuste y poco Estado.
En 1976, el Fondo avaló el plan económico del ministro Alfredo Martínez de Hoz, destrabando un postergado giro de más 100 millones de dólares, que resolvió las urgencias de la dictadura. A partir de entonces, la deuda externa se espiralizó, y la lupa se posó en la capacidad de pago del país. En efecto, la deuda argentina trepó de 7.800 millones de dólares en 1975 a 27.100 millones en 1980 y a 45.000 millones en 1983. La teoría monetarista en boga puso el acento en los movimientos financieros como eje del desempeño de las economías, y los programas del Fondo viraron en esa dirección.
El presidente Raúl Alfonsín intentó acotar las presiones de los acreedores externos y de su agente, el FMI, explorando caminos alternativos, aunque finalmente debió acatar las reglas de juego y negociar con el organismo. Sin embargo, el apoyo fue insuficiente y la crisis desembocó en la hiperinflación de 1989 que obligó el traspaso anticipado del poder.
En los años ’90, las sucesivas crisis de economía emergentes (Tequila, Rusia, países asiáticos, Brasil) catapultaron los paradigmas consagrados en el llamado Consenso de Washington, recogidos por el plan económico basado en la convertibilidad del peso. En esa época, el Fondo tuvo un alto perfil, pasando del histórico monitoreo de las cuentas públicas, a la intervención lisa y llana en políticas públicas que propiciaban privatizaciones, regulaciones y ajustes de diversa índole.
En 1992 se firmó un acuerdo denominado Extended Found Facility, como resultado de un profuso intercambio de cartas de intención y negociaciones, que rigió hasta diciembre de 1995. En el año 2000, se concretó otro acuerdo stand by durante la presidencia de Fernando de la Rúa, que resultó infructuoso para detener la crisis de fines de 2001.
En todos estos años, los Directores Gerentes del organismo visitaron el país: el último fue Horst Kohler, en el año 2003, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. En septiembre de ese año, bajo la presidencia de Néstor Kirchner se suscribió un acuerdo de tres años. Luego, en el año 2006, vino el llamado desendeudamiento, en cuyo marco el país canceló su deuda de 10.000 millones de dólares con el FMI, suspendiendo las revisiones anuales sobre los números domésticos, reanudadas en el 2016.
Tras un impasse que duró hasta el presente, el Fondo vuelve a hacerse presente en el país y Christine Lagarde, su actual titular, aparecerá más a menudo en la pantalla de los televisores argentinos. Deja vu.