El 26 de junio de 1884 el Congreso Nacional sancionó la ley 1420, llamada de Educación Común, promulgada el 8 de julio durante la presidencia de Julio Argentino Roca.
Por esos días, la elite gobernante —conocida como Generación del 80— impulsaba reformas que apuntaban a modernizar el Estado y asumir funciones que la Iglesia venía ejerciendo desde la época colonial. El debate giraba en torno a cuestiones que enfrentaban al liberalismo laicista del oficialismo y las posturas confesionales de algunos referentes de peso. La educación religiosa, una cuestión medular y sensible, estaba al tope de esa agenda que confrontaba al oficialismo con la cúpula eclesiástica.
En ambos bordes de la grieta revistaban intelectuales de alto vuelo, capaces de sostener con erudición sus respectivas posiciones, como José Manuel Estrada y Nicolás Avellaneda por los católicos y el expresidente Domingo F. Sarmiento y el ministro Eduardo Wilde, entre otros, por los laicistas. Los epítetos estaban a la orden del día: “Sacristanes”, les espetaban a los primeros; “Masones”, replicaban desde la otra orilla para estigmatizar a los segundos, siendo frecuente que los cruces verbales subieran de tono y terminaran a bastonazos y pedradas.
El conflicto había quedado expuesto en el Congreso Pedagógico que sesionó en 1882, provocando el retiro de los congresales que postulaban la educación religiosa. Ese mismo año, el Poder Ejecutivo elevó el proyecto al Congreso que, dos años después, se convirtió en la Ley 1.420, de Educación Común, según la cual todos los niños y niñas de 6 a 14 años debían recibir una educación primaria, consistente en siete años de escolaridad.
La sanción estuvo precedida de una encendida disputa entre partidarios de gobierno y clero que derivó en el despido del nuncio papal y en la interrupción de las relaciones del gobierno argentino con la Santa Sede durante los dieciséis años siguientes.
La Ley de Educación Común marcó un antes y un después en la materia, estableciendo la enseñanza universal, obligatoria, gratuita y laica en todo el país. La norma consolidó el impulso dado durante las presidencias de Sarmiento y Avellaneda a la educación pública, concebida como responsabilidad primaria del Estado. Además de alfabetizar a mansalva en la nación en ciernes, facilitó la integración de inmigrantes y la promoción social de vastos sectores excluidos hasta ese momento. En 1869 había 82.000 alumnos y 247.000 en 1895, según datos censales.
A esa primera hora corresponde el aporte de las maestras norteamericanas que, a instancias de Sarmiento —sorteando obstáculos de toda clase— apuntalaron las escuelas normales que brotaron a lo largo y ancho del país, convertidas en verdaderas fábricas de maestras y maestros, basamento de lo que prontamente se convirtió en el sistema educativo más avanzado de Sudamérica.
En las décadas siguientes, el sistema educativo propiciado por aquella ley fundacional fue motor de crecimiento personal y colectivo y facilitó la construcción de una sociedad inclusiva y homogénea.
Sin embargo, esa realidad pertenece al pasado. Hace tiempo ya que el brillo de nuestro sistema educativo quedó en el camino y es hora de revisarlo en profundidad. Solo una nueva síntesis, desprovista de prejuicios y ajustada a las necesidades de la hora, devolverá a los argentinos los enormes beneficios de la educación.
Historia argentina | Esteban Dómina | Escritor e historiador