El actual territorio argentino, al igual que el resto del continente, estaba poblado cuando llegaron los conquistadores españoles. Indios, les llamaron, porque creían que habían llegado a las Indias.
Aquí moraban una multiplicidad de comunidades autóctonas, entre otras: querandíes en la costa bonaerense; guaraníes, charrúas y mocovíes en el litoral; comechingones, sanavirones y ranqueles en el centro; aymaras, quechuas y diaguitas en el noroeste; matacos, tobas, abipones y guaycurúes en la región chaqueña; huarpes en Cuyo; tehuelches, araucanos, onas y yaganes en la Patagonia y Tierra del Fuego. Con el paso del tiempo, ellas y otras, sin excepción, sufrieron un proceso similar: la extinción o, en el mejor de los casos, la reducción progresiva e irreversible, atenuada apenas por el mestizaje que permitió la sobrevivencia del linaje hasta nuestros días.
La primera hora de la conquista fue violenta. Doblegada la resistencia inicial, los conquistadores españoles sometieron a los nativos a regímenes de explotación laboral y servidumbre conocidos como encomiendas, mita y yanaconazgo; que, junto con el desarraigo y trasmisión de enfermedades desconocidas, diezmaron la población originaria. Para suplir esa falta de mano de obra se introdujeron esclavos afroamericanos.
Recién en 1810, tras la Revolución de Mayo, se reivindicó a los pueblos nativos. En La Gaceta de enero de 1811 se afirma que “el indio es ciudadano y se halla bajo la protección de las leyes”. En igual sentido, la Asamblea de 1813, abolió la explotación servil de los indígenas, ordenando que dicha resolución se publicara en idioma guaraní, quechua y aymara. A su vez, se requirió a las provincias del Alto Perú que enviaran diputados provenientes de las importantes comunidades allí existentes. En 1816, Manuel Belgrano propuso al Congreso reunido en Tucumán que se coronase un príncipe inca como soberano de las Provincias Unidas.
La primera campaña al desierto fue encabezada por Martín Rodríguez en 1820. Se le llamaba desierto a la vasta llanura virgen que comenzaba a pocas leguas de la metrópoli y se extendía hasta la Patagonia. En 1833, Juan Manuel de Rosas encabezó la segunda campaña, que avanzó hasta las márgenes del Río Negro. El saldo —publicado en La Gazeta Mercantil del 24 de diciembre de 1833— fue de 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros y la baja de varios caciques. A la vez, según el periódico oficialista, se ganaron tres mil leguas cuadradas de tierras fértiles, que fueron repartidas discrecionalmente entre los primeros latifundistas.
La Constitución Nacional sancionada en 1853 recogió la cuestión indígena en su artículo 67, inciso 15, afirmando expresamente que correspondía al Congreso: “Proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios, y proveer a la conversión de ellos al catolicismo”.
En tiempos de la llamada Generación del 80, gran parte del territorio seguía en manos de quienes —según la visión europeísta dominante— con su salvajismo y porfiada resistencia impedían el progreso y el avance de la civilización. Sin embargo, había otras voces, como la de Lucio V. Mansilla, quien en “Excursión a los indios ranqueles” cuestiona esa visión.
La tercera campaña fue dirigida por Julio Argentino Roca. El enfrentamiento fue desigual: la flecha, la lanza y la boleadora nada pudieron hacer contra los fusiles Remington y los cañones Krupp, las armas más modernas de la época. La expedición llegó hasta las márgenes del Río Negro donde, el 25 de mayo de 1879, se izó el pabellón nacional en la isla Choele Choel. Hasta ese momento, según el parte oficial, el saldo era de 1.313 indios de lanza muertos, 1.271 prisioneros, 10.513 indios de chusma cautivos y 1.049 reducidos. Durante la etapa siguiente, cientos de guerreros fueron pasados por las armas y tribus enteras fueron trasladadas, desmembradas o reducidas a la servidumbre. El saldo más jugoso de la campaña fueron los 54 millones de hectáreas de las cuales las mejores tierras fueron repartidas entre los amigos del poder.
En el Chaco, a las primeras expediciones de los generales José María Uriburu (1870) y Benjamín Victorica (1884) les sucedieron permanentes incursiones militares que liberaron la zona a la colonización. A los nativos no les quedó más remedio que internarse en la espesura de la selva para tratar de sobrevivir, aunque hasta allí fueron perseguidos encarnizadamente; miles de ellos fueron capturados y obligados a trabajar en condiciones infrahumanas en los obrajes madereros que abastecían a La Forestal. Otros tantos, una vez reducidos, fueron a parar a los ingenios azucareros y tabacaleros de las provincias de Tucumán y Salta.
Sobre fines del siglo 19, estancieros ingleses que comenzaron a instalarse en la Patagonia, al sur del Río Negro, desataron una feroz cacería de indígenas, incluso poniendo precio al par de orejas de tehuelche, mapuche, ona o yagán.
La suerte de los pueblos originarios queda expuesta en las cifras de los tres primeros censos nacionales, que computaron de modo parcial dicha población, pero marcan una tendencia tan dolorosa como inexorable, contracara de la avalancha inmigratoria de la misma época: 93.000 en 1869, 30.000 en 1895 y 18.425 en 1914.
Sucesivas generaciones de argentinos desatendieron la cuestión indígena, y como resultado son escasos los vestigios de las culturas autóctonas que llegaron hasta nuestros días. Aun así, según el censo de 2010, casi un millón de personas se reconocen pertenecientes o descendientes de pueblos indígenas u originarios.
Pese a los avances registrados, la letra del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reformada en 1994: “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, sigue siendo, en buena medida, una asignatura pendiente.
Ellos estaban aquí antes de que llegaran los barcos, eran los dueños de la tierra.
Historia argentina | Pueblos originarios | Esteban Dómina